¿Qué hacer si un bien suyo entra en un proceso de extinción de dominio?
En Colombia, la figura de la extinción de dominio suele percibirse como una medida definitiva y devastadora. Para muchos propietarios, empresas, campesinos, asociaciones o terceros relacionados con un bien afectado, la primera reacción suele ser pensar que el inmueble, la empresa o la unidad productiva “se perdió”. Sin embargo, el ordenamiento jurídico colombiano prevé distintos mecanismos que permiten administrar, usar, explotar e incluso conservar la productividad de los activos mientras avanza el proceso judicial.
La clave está en comprender que la medida cautelar sobre un bien no implica automáticamente la pérdida definitiva de la propiedad. Durante esa etapa, la administración de los activos queda en cabeza de la Sociedad de Activos Especiales S.A.S. (SAE), entidad que actúa en nombre del FRISCO y que cuenta con amplias facultades para decidir cómo administrar los bienes afectados.
¿Qué es realmente la extinción de dominio?
La extinción de dominio es una acción constitucional mediante la cual el Estado puede declarar la pérdida del derecho de propiedad sobre bienes relacionados con enriquecimiento ilícito, afectación del tesoro público o deterioro de la moral social. La Corte Constitucional ha reiterado que esta acción es autónoma, patrimonial e imprescriptible.
Mientras el juez decide definitivamente el destino del activo, la SAE puede adoptar diferentes mecanismos de administración para garantizar que los bienes no se deterioren, sigan siendo productivos y generen valor económico y social.
1. El depósito provisional: administrar el bien mientras dura el proceso.
Uno de los mecanismos más importantes es el depósito provisional, regulado en el artículo 99 del Código de Extinción de Dominio. A través de esta figura, la SAE entrega la administración de un bien a una persona natural o jurídica para que lo cuide, lo explote económicamente y mantenga su productividad.
En la práctica, este modelo puede resultar especialmente útil para asociaciones campesinas, cooperativas, operadores agroindustriales, terceros interesados en mantener unidades productivas y empresas que requieren continuidad operativa.
¿Qué exige este mecanismo?
La persona o entidad interesada debe estar inscrita en el Registro de Depositarios Provisionales, acreditar experiencia administrativa, demostrar capacidad financiera y técnica, y asumir obligaciones de custodia y conservación del activo.
Este esquema tiene una ventaja importante: permite que el bien siga generando empleo y producción, incluso mientras se resuelve el litigio judicial.
2. La destinación provisional: una herramienta poderosa para organizaciones sociales y entidades públicas
Otra alternativa especialmente relevante es la destinación provisional, prevista en el artículo 96 del Código de Extinción de Dominio. Este mecanismo permite entregar bienes gratuitamente a entidades públicas o a organizaciones sin ánimo de lucro.
Se trata de una figura particularmente útil cuando existen proyectos productivos rurales, programas de reforma agraria, iniciativas de víctimas, esquemas comunitarios o programas sociales y de reincorporación.
3. El arrendamiento: la alternativa más flexible y utilizada
Aunque muchas personas no lo saben, la SAE también puede celebrar contratos de arrendamiento sobre bienes en proceso de extinción de dominio.
Esta figura permite explotar económicamente el activo, desarrollar proyectos agrícolas o pecuarios, mantener operaciones empresariales y garantizar ingresos y sostenibilidad del bien.
Uno de los aspectos jurídicos más interesantes es que, si el propietario gana el proceso y el bien es devuelto, la SAE debe ceder el contrato de arrendamiento al dueño original.
4. La enajenación temprana: ¿es posible comprar el bien?
El Código de Extinción de Dominio permite la llamada enajenación temprana, especialmente cuando el bien amenaza deterioro, genera gastos desproporcionados o lleva años bajo administración del FRISCO.
Aunque la venta de inmuebles rurales con vocación productiva tiene restricciones importantes, existen escenarios excepcionales donde podrían intervenir entidades públicas o esquemas asociados a reforma agraria.
5. El usufructo y otros modelos contractuales innovadores
El odenamiento jurídico también plantea alternativas menos tradicionales, como contratos de usufructo u otros esquemas de explotación económica derivados de la amplia facultad contractual de la SAE.
La verdadera discusión: administración, no solo propiedad
Uno de los errores más frecuentes en estos escenarios es pensar exclusivamente en términos de propiedad. En realidad, muchos procesos de extinción de dominio giran alrededor de otra pregunta más importante: ¿quién administra el activo y cómo se garantiza su productividad mientras el juez decide?
Conclusión.
La extinción de dominio no es un escenario uniforme ni automático. Dependiendo del estado del proceso, la naturaleza del activo y los actores involucrados, pueden existir alternativas jurídicas y contractuales viables para garantizar la continuidad productiva y la protección económica del bien.